SALVADOR COSÍO GAONA
ENCINAS DEBE MUCHAS EXPLICACIONES
En el marco de la mayor crisis que enfrenta Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y encargado del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, el presidente López Obrador le sigue respaldando y dando su voto de confianza, aunque en cualquier gobierno sus pifias ya habrían sido motivo suficiente para que se le pidiera la renuncia, en el mejor de los casos.
Encinas presentó en agosto un informe cargado de “nuevas pruebas” sobre la desaparición y muerte de 43 estudiantes normalistas, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Se trataba de un conjunto de 467 capturas de pantalla que supuestamente contenían conversaciones de WhatsApp sostenidas por presuntos responsables de la desaparición de los normalistas. Involucraban a varios militares en los hechos.
Y es que ocurre que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras someter dichas pruebas al análisis pericial forense, detectó que al menos 181 tienen discrepancias tecnológicas. Una de ellas es que la doble palomita azul que aparece en algunos de los pantallazos no había sido creada en los días en que, supuestamente, los mensajes fueron enviados.
“No es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron captados en imágenes o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de las fichas su autenticidad”, dictaminó el GIEI.
Según los expertos, los resultados del peritaje informático forense “llevan a considerar esta evidencia como inconsistente”. Además de ello, “no puede ser considerada como tal en un proceso judicial”, aseguraron.
Además, de acuerdo con el informe del GIEI la comisión presidida por Encinas habría incurrido en algunas irregularidades, toda vez que de la presentación de esos pantallazos falsos y de su entrega oficial a la Fiscalía General de la República derivan delitos contra la administración de la justicia (entre otros, desvío de una indagatoria), y derivan también responsabilidades penales para quienes los fabricaron, para quienes se los entregaron al subsecretario, y también para Encinas mismo, quien los dio por válidos y fundó a partir de ellos acusaciones sin fundamento y sin pruebas.
En este contexto, Encinas está obligado a aclarar cómo se obtuvieron los mensajes, quién los fabricó, quién los entregó y por qué se dieron por ciertos.
Resulta ser muy significativo que en el informe que se entregó a la nación, los mensajes se presentaron como una pieza clave de la evidencia. Y ahora una parte considerable de esa evidencia está en duda.
Ante las inconsistencias Carlos Beristain, integrante del grupo internacional, afirmó tajante que los mensajes de WhatsApp “no pueden considerarse como una prueba digital”.
Los especialistas también se quejaron de la cancelación de 21 de las 83 órdenes de captura que se emitieron en agosto contra presuntos implicados en el caso, y admitieron que ha surgido una confusión al tratar de vincular esas acciones de la Unidad Especial de la Fiscalía General que investiga el caso con el documento de la Comisión de la Verdad, e insistieron en que “no hay ninguna relación” entre las órdenes de detención y el informe de Encinas, pese al que el gobierno ha tratado de relacionarlos.
La suspensión de parte de las órdenes de captura, entre las que se incluían 16 militares y cinco exfuncionarios, precipitó la renuncia en septiembre del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, quien estuvo frente a las investigaciones desde el 2019.
Medios locales señalaron que el proceso que siguió la Fiscalía General para la detención en agosto del ex procurador Jesús Murillo Karam, que se realizó sin consultar a Gómez Trejo, fue otro de los hechos que llevaron al fiscal a renunciar.
Al respecto el grupo de expertos admitió que la salida de Gómez Trejo puede ocasionar retrocesos importantes en las investigaciones, y poner en riesgo varias de las órdenes de captura debido al escaso conocimiento sobre el caso que tiene ahora la Unidad Especial de la Fiscalía General.
En los últimos dos meses han sido arrestadas unas cinco personas, entre ellas tres militares, por su presunta vinculación con el caso.
Una de las detenciones más importantes fue la de Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso en agosto por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
A mediados de septiembre también fue detenido el general retirado José Rodríguez Pérez, quien fuera el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, que enfrenta cargos por delincuencia organizada. Rodríguez Pérez fue mencionado por Encinas como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes.
Tras admitir que el proceso enfrenta una situación grave, el grupo exhortó a las autoridades a “retomar el camino de una investigación seria, y con resultados fiables”, y dar una respuesta a las familias y la sociedad mexicana “sin esconder, minimizar o alterar investigaciones”.
La especialista Ángela Buitrago aprovechó para reiterar las críticas del grupo contra la Secretaría de la Defensa Nacional a la que señaló de no proporcionar todas las informaciones clave que tienen del caso, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las fuerzas armadas apoyar en las investigaciones.
Hasta ahora se desconoce el destino de los jóvenes. Se presume que todos fueron asesinados, pero sólo se encontraron restos de tres. Tampoco está claro el móvil del ataque aunque se ha afianzado la idea de que uno de los autobuses que se llevaron estaba vinculado al tráfico de droga.
López Obrador sigue dando la cara por el subsecretario, pero Encinas no puede permanecer escondido, debe dar muchas explicaciones.
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